Álvaro delgado
MEXICO, D.F., 1 de septiembre.- La decisión de Felipe Calderón de enviar a Juan Camilo Mouriño a la Cámara de Diputados para entregar al Congreso el informe del segundo año de gestión gubernamental es una muestra de desprecio a quienes con sinceridad se manifestaron, el sábado, justamente contra la delincuencia y la impunidad.
Sólo por ignorancia, complicidad o simulación --esa enfermedad nacional que ahoga a la sociedad-- puede soslayarse que Mouriño es un delincuente confeso de usar sus influencias como servidor público para beneficiar a los negocios familiares, y ya hasta panistas reconocen que ese comportamiento es un ejemplo más de la ruptura de carácter ético del partido de la derecha.
Por supuesto, la multiplicación de las conductas delincuenciales desde el poder --esas que soslayan los histéricos locutores y amanuenses oficialistas-- no se explica sin la impunidad, sello de la casa con Calderón, tal como lo expresó Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), en una declaración que se enmarca en la galería de las desvergüenzas: “Que quede muy claro: En Acción Nacional lo respaldamos, lo hacemos con orgullo. Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”.
Martínez expresó, con esas palabras, la hondura de la impunidad en la actual administración, pero lo hizo sobre todo en los hechos cuando fungió, transitoriamente, como secretario de la Función Pública, en teoría encargado de vigilar el comportamiento legal y ético de los servidores públicos, de los exfuncionarios y de sus parientes.
Fue la política del encubrimiento y no su breve paso para luego presidir por órdenes de Calderón el apéndice partidista del gobierno --como él mismo lo aceptó y consta en el libro El engaño: Prédica y práctica del PAN-- lo que explica que Fox no sólo ostente groseramente su fortuna --y las de sus hijastros--, sino que haya sido llamado como mariscal del inminente proceso electoral.
Así, en materia de combate a la delincuencia común y organizada, incluyendo la que ostenta cargos gubernamentales --como lo prueba el caso Mouriño, Fox y su mujer--, los marchistas del sábado 30 de agosto pueden estar seguros de que no ocurrirá nada eficaz, más que encuentros de relaciones públicas como los efectuados el mismo domingo, con Calderón y Marcelo Ebrard.
Ocurrió exactamente lo mismo hace cuatro años: Entre los 80 puntos que hizo suyos, como ahora Calderón y Ebrard –y seguramente lo harán el resto de los gobernadores, incluyendo el señoritingo Enrique Peña--, Fox les dio por su lado a los convocantes y se comprometió a crear, por ejemplo, un Instituto de Seguridad Pública y Justicia Social, que hasta se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Nada ocurrió por una sencilla razón: No hubo voluntad política y se mediatizó la legítima expresión de un importante sector de la sociedad civil para fines políticos, particularmente en la disputa electoral del 2006. Ahora, lamentablemente, se apunta en el mismo sentido, en una maniobra distractora para encubrir un problema tan grave como la inseguridad: La implacable crisis económica que se abate sobre la sociedad.
La semana pasada, en este espacio, apuntamos el deterioro de indicadores económicos, que ahora ratificamos: La inflación se dispara --el Banco de México hoy justamente subió su estimación de 5.07 a 5.61%--, mientras que se sigue contrayendo la actividad productiva --el año pasado el gobierno estimaba un crecimiento de 3.7%; en enero redujo sus estimaciones a 2.8% y ahora si acaso será de 2%--, cae la inversión nacional extranjera, las remesas de dólares que envías los mexicanos de Estados Unidos se desploman y el desempleo cunde.
Hoy mismo, lunes 1 de septiembre, se materializó otro gasolinazo: El precio del litro de las gasolinas subieron entre dos y tres centavos. Y de pilón, el pactito que Calderón firmó con las grandes cadenas de supermercados para congelar los chiles enlatados --previamente reetiquetados-- se desbarató, como se había anticipado.
Por eso no es cierto lo que desde las atalayas oficialistas se grita con histeria: Que el grupito --cada vez menor, como miden las encuestas-- de fanáticos de Andrés Manuel López Obrador quiere “tumbar” a Calderón.
En realidad, este personaje, si cae, no será en razón de un plan cuidadosamente urdido por sus más fieros adversarios --que para él y su jauría son enemigos--, sino por su propia ineptitud y el hartazgo de quienes lo llevaron al cargo, es decir, el amasijo de intereses a menudo delincuenciales entre políticos y traficantes de influencias, uno de cuyos ejemplares se llama Juan Camilo Mouriño.
Sí, el mismo que hoy --por cierto, estrenando lentes-- entregó en la Cámara de Diputados una copia del informe de gobierno, un documento burocrático en el que --en una rápida lectura-- no se atisba ninguna grandeza…
Apuntes
Pero si Calderón no cumple como gobernante de todos los mexicanos, no lo hace ni siquiera con los suyos: Justo a la hora en que Mouriño llegó al recinto de San Lázaro, a unos pasos de ese lugar la diputada federal del PAN Dolores de María de Manuell-Gómez Angulo, mejor conocida en Baja California como Dolores de Méndez, inició una huelga de hambre en protesta por las altísimas tarifas de luz eléctrica que, en campaña, Calderón se comprometió a bajar si votaban por él y que ya se le olvidó. Los habitantes de Mexicali pagan tarifas 58% más altas y los recibos son de más de 5 mil pesos mensuales y por eso le exige a Calderón que cumpla con su palabra de aplicar un subsidio. La legisladora, quien se define como “socialista” en el PAN, tiene antecedentes de rebeldía: Cuando fue diputada local entre 1989 y 1992, justo cuando el PAN conquistó con Ernesto Rufo la primera gubernatura, se declaró independiente y fue suspendida de sus derechos. Ahora no sólo está dispuesta a que la expulsen del PAN, como ya la han amenazado, sino inclusive a morir. “Ya viví 60 años”, dice la mujer, quien desde aquellos años proclamaba: “Soy luchadora social por encima de siglas y partidos”… Aunque constitucionalmente se finiquitó el mensaje del jefe del Ejecutivo en turno en sesión de Congreso General --uno de los rituales más grotescos del régimen presidencial vigente--, la reforma electoral permite que, por ejemplo, funcionarios como Calderón utilicen tramposamente la autorización legal para que durante 13 días fastidien con propaganda a los ciudadanos, sobre todo en radio y televisión. Pero si de suyo es grave el despilfarro, que se replica con todos los gobernadores y alcaldes, de todos los partidos --con cargo al presupuesto público--, lo más deleznable es el tuteo de Calderón a los ciudadanos… Por cierto, por salud pública, es necesario que se informe --con veracidad-- sobre el estado que guarda la salud, física y sicológica, de Calderón para frenar especulaciones sobre las razones ciertas de su caída...
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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