Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF, 29 de agosto (apro).- “Manos limpias” se llamó la operación que, a principios de la década pasada, echó a andar la Procuraduría General de Italia para acabar con el entramado político y empresarial que utilizó el aparato público en beneficio de los grupos mafiosos locales.
La institución encargada de procurar justicia reaccionó de esa manera a las protestas sociales propiciadas por el asesinato, en 1992, de los jueces Giovanni Falconi y Paolo Borsallino.
Ambos se empeñaron en encarcelar a los mafiosos napolitanos y a sus cómplices. Pagaron con su vida. Pero ante la creciente protesta de la sociedad, que superó el miedo a la mafia de Nápoles (la Camorra) y salió a las calles, la Procuraduría General en Roma decidió seguir construyendo sobre las bases sentadas por los jueces.
La operación “Manos limpias” se dirigió hacia lo que era voz pública: las redes de protección institucional de la mafia. Políticos de todos los partidos, autoridades y empresarios acabaron en la cárcel.
La justicia alcanzó a los exprimeros ministros, Bettino Craxi y Giulio Andredotti, importantes líderes de la Democracia Cristiana. Pero también cayeron muchos empresarios que, coludidos con autoridades y mafiosos, se movían fácilmente entre la legalidad y la ilegalidad.
Para sobrevivir, la delincuencia organizada requiere de la protección institucional. A su servicio están gobernantes, funcionarios del Ejecutivo, senadores, diputados, jueces o cualquier empleado que esté en condiciones de dar cualquier tipo de protección.
Al final, delincuentes y servidores públicos desarrollan una relación simbiótica en la que sacan provecho de su vida en común. México es ahora ejemplo mundial de esa situación.
Pero la protesta social producto de la inseguridad pública puede convertirse en un instrumento político.
En 2004, la cúpula empresarial mexicana organizó una multitudinaria manifestación hacia el Zócalo de la capital del país para protestar contra el entonces presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por la incapacidad de sus administraciones de garantizar la integridad de las personas y la posesión de sus bienes.
No pasó nada. Ni los gobernantes respondieron ni los empresarios fueron capaces de convertir la protesta en un movimiento social por la seguridad.
Cuatro años después, los sindicatos empresariales patrocinaron una nueva protesta contra la inseguridad, bautizada “Iluminemos México”.
Pero esta vez la protesta no es contra el gobierno de Felipe Calderón. Todo lo contrario, lo que se busca es “responder” a sus insistentes llamados para que la sociedad se involucre en la lucha contra la inseguridad.
Basta revisar los membretes de las organizaciones que convocaron a la marcha. Son los mismos que en 2006, en violación de las leyes electorales, hicieron la campaña paralela a favor de Calderón.
Es cierto, ante la naturaleza del problema se requiere la participación social, pero no la desnaturalización de la protesta social. Hay de protestas a protestas.
Por supuesto que los sindicatos patronales están en su derecho de manifestarse porque han sido víctimas, como el resto de la sociedad, de las expresiones más violentas de la delincuencia.
Pero ¿cuánto tiempo tardaron en darse cuenta que la inseguridad es uno de los principales problemas del país? ¿Cuánto tiempo dejaron pasar antes que la delincuencia los alcanzara? ¿Contribuyeron en algo para superar las condiciones socioeconómicas de la inseguridad?
Calderón, curiosamente, se erigió como el candidato de “las manos limpias”. Casi dos años han pasado desde que tomó el poder y nada tiene que mostrar, no sobre su alegada honestidad, sino de su decisión de atacar la impunidad ahí donde tiene todos los instrumentos para hacerlo.
¿Acaso no sabe qué políticos, de cualquier partido, están involucrados con la delincuencia? ¿No tiene idea de qué empresarios van y vienen entre la legalidad y la ilegalidad?
No es con marchas promovidas desde los grupos de poder económico como Calderón va a lograr su siempre ansiado respaldo social.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
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